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¿CRIOLLADA PERUANA O DELITO ORGANIZADO? FIRMAS, CUENTAS Y ENCUESTAS FALSAS: UNA DEMOCRACIA EN JAQUE

  • Foto del escritor: omortri90
    omortri90
  • 19 may 2025
  • 2 Min. de lectura

A menudo se dice que los peruanos somos un pueblo creativo, ingenioso, que llevamos en la sangre esa astucia peculiar conocida como “criollada”. Una habilidad para encontrar soluciones rápidas, para sortear obstáculos con picardía y humor. Pero en los últimos tiempos, esta famosa criollada ha dejado de ser motivo de orgullo y empieza a confundirse peligrosamente con prácticas ilegales, inmorales y, en muchos casos, descaradamente delictivas.



Hay 43 partidos inscritos en el ROP, de los cuales 06 han sido vinculados con actividades delictivas.
Hay 43 partidos inscritos en el ROP, de los cuales 06 han sido vinculados con actividades delictivas.

Las recientes revelaciones en el marco del proceso electoral lo confirman. El escándalo por la inscripción de firmas falsas ha salpicado, hasta el momento, a 6 de los 43 partidos políticos oficialmente inscritos para las elecciones. Desde el inicio, era evidente que las cifras no cuadraban: la cantidad de firmas presentadas para cumplir con los requisitos legales superaba con creces la población electoral real. Era, literalmente, imposible.

Los partidos implicados —Perú Primero, Perú Moderno, Primero la Gente, PRIN, Demócrata Verde y Voces del Pueblo— han quedado expuestos. Aunque intentan minimizar el asunto, lo cierto es que están involucrados en una práctica grave: la compra masiva de firmas falsas para inscribirse como agrupación política. Lo indignante es que, a pesar de la magnitud del fraude, el marco legal vigente impide su exclusión del proceso electoral. Así, una vez más, la ciudadanía se ve forzada a elegir entre candidatos que oscilan entre lo mediocre, lo cuestionable y lo francamente impresentable.


Este tipo de acciones no son simples “criolladas”; son delitos que evidencian el nivel de deterioro de nuestra legislación electoral y de los valores democráticos. Las normas, lejos de sancionar con contundencia estas prácticas fraudulentas, parecen estar diseñadas para proteger a quienes manipulan el sistema con total impunidad. Los mismos que, al saberse impunes, se presentan como “renovación política” mientras reproducen las peores mañas del pasado.


El problema no termina ahí. A medida que se acercan las elecciones municipales y regionales, ya comienzan a aparecer los precandidatos con sus famosas “encuestas” virtuales, difundidas en redes sociales y portales de dudosa reputación. Sondeos digitales que cambian de resultados como quien cambia de camiseta, según quién pague más. Hoy encabeza uno, mañana otro, todo según el cliente. No buscan reflejar la opinión pública, sino manipularla, influir en el electorado, moldear percepciones a punta de clics y cifras inventadas.

¿Quién la financia todo esto, cuánto cuesta? ¿Por qué seguimos tolerando que la política nacional se maneje como un negocio turbio, donde lo falso se impone sobre lo legítimo?


En el fondo, esta no es solo una crisis política. Es una crisis de valores, de legalidad, de responsabilidad cívica. Una democracia no puede sostenerse sobre la base de trampas disfrazadas de astucia popular. La criollada, cuando se convierte en herramienta para estafar, deja de ser identidad cultural para convertirse en crimen.


En nuestra ciudad, los mismos partidos que acostumbran a realizar estos actos ilícitos son los que persistente en tomar estas actitudes y "lideran" estos cuestionados sondeos, es momento de reaccionar, no dejemos que siempre sea elegir entre lo peor. Es momento de cambiar de mentalidad.

 
 
 

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