¿POR QUÉ NO TENEMOS EL TALENTO NECESARIO?

En el Perú, solemos pensar que todo el que entra al aparato estatal es “más de lo mismo”. Con el ánimo en el suelo, acudimos a las urnas para elegir entre el mal menor y el “pésimo” menú electoral que nos imponen los partidos. Y aunque esa percepción tiene mucho de realidad, hay un factor estructural que no estamos mirando con suficiente atención: las normas mismas han sido diseñadas para mantenernos en el círculo vicioso de la mala gestión, de procesos ineficientes y de candados que ahuyentan a quienes podrían renovar la administración pública

desde dentro.

Muchas veces las propias barreras para el desarrollo de nuestras instituciones, son nuestras propias normas.

Atraer al talento humano correcto es una tarea titánica incluso para el sector privado. Encontrar al profesional adecuado suele demandar meses de búsqueda, evaluaciones y análisis por parte de varias áreas especializadas. Sin embargo, en el Estado, las reglas del juego —ya sea bajo la Ley del Servicio Civil, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, o con la progresiva desaparición del régimen CAS a través de la Ley N.º 31131— se concentran casi exclusivamente en la estabilidad laboral. Una estabilidad que, aunque necesaria para garantizar derechos, se ha convertido en un portal peligroso: perpetúa plazas llenas de personal que ya no compite, no innova y que le cuesta millones al erario, mientras sofoca a las municipalidades que intentan hacer las cosas de forma distinta.

El resultado es predecible: servidores públicos atornillados a una carreta que cada día pesa más, municipios repletos de personal contratado no por méritos, sino por favores políticos, y un aparato que crece en nóminas sin crecer en resultados. La frase “dame tu voto y te doy tu trabajo” se ha transformado en una política de gestión encubierta.

Las cifras lo dicen todo: desde el 2020, más del 56,7 % del gasto total de las municipalidades se destina a gasto corriente, y esa proporción sigue en aumento. En la práctica, esto significa que buena parte de las comunas apenas tienen capacidad de invertir en obras, limitándose a pagar planillas. Si seguimos por ese camino, no tendremos municipios que construyan, sino municipios que apenas sobrevivan.

¿Qué hacer, entonces? Una salida posible está en el fortalecimiento de las gerencias técnicas y profesionales, con equipos diseñados bajo estándares de eficiencia y competitividad comprobada. Para ello, es indispensable derribar la absurda muralla que representa la exigencia de “experiencia previa en el sector público” como requisito excluyente. No se trata de abrir las puertas sin filtros, sino de permitir que perfiles sólidos del sector privado —con conocimiento real de gestión, innovación y resultados— puedan asumir cargos gerenciales y transformar la lógica burocrática que hoy nos asfixia.

En otras palabras, necesitamos que la administración pública se convierta en un espacio donde compita el mérito y no el compadrazgo. ¿La solución? Una reforma que flexibilice el acceso a cargos estratégicos, eliminando la exclusión de facto al talento privado, y que evalúe a los postulantes por lo que saben hacer, no solo por dónde trabajaron.

Porque al final, si seguimos premiando la antigüedad sobre la capacidad, nuestras municipalidades no serán motores de desarrollo, sino clubes sociales pagados con los impuestos de todos. Y ahí sí, querido lector, la picardía no estará en el discurso, sino en el bolsillo de quienes ya aprendieron a vivir del Estado como si fuera herencia familiar. No queremos más de lo mismo, pero empecemos por reformar nuestras instituciones y que se compita, sanamente, por ser entidades eficientes y eficaces.