El mal uso de los recursos del Estado y el papel de la SUNAT

En el Perú, hablar de impuestos es hablar de una relación desigual entre el ciudadano y el Estado. La SUNAT cumple su rol de recaudadora con rigurosidad: persigue, multa, embarga y exige a los contribuyentes cumplir hasta el último detalle. El problema no está en recaudar —porque todo país necesita ingresos—, sino en cómo se utilizan esos recursos una vez que llegan a las arcas públicas.

El papel recaudador de la SUNAT en lugar de acompañar a los emprendedores, desalienta.

Los peruanos pagamos impuestos altos en proporción a los servicios que reciben. Cada año, la recaudación supera cifras históricas, pero los resultados en salud, educación, infraestructura y seguridad siguen siendo mediocres. Lo que debería traducirse en hospitales equipados, escuelas modernas, carreteras seguras y policías mejor preparados, termina muchas veces diluyéndose en sobrecostos, corrupción y un gasto corriente que se multiplica en planillas y consultorías innecesarias.

Mientras la SUNAT se muestra implacable con el pequeño empresario, el profesional independiente o el emprendedor, el Estado es complaciente con la ineficiencia de su propia administración. El ciudadano siente que financia un aparato estatal que no devuelve en servicios lo que recibe en impuestos. Esa falta de reciprocidad erosiona la confianza y alimenta la percepción de injusticia.

En países más desarrollados, la ecuación es clara: se pagan impuestos, sí, pero a cambio se recibe educación gratuita de calidad, transporte eficiente, seguridad ciudadana y servicios públicos dignos. En el Perú, en cambio, los impuestos se sienten más como una obligación para sostener un Estado que gasta más en mantener su burocracia que en mejorar la vida de la población.

El rol de la SUNAT debería ir acompañado de un compromiso igual de fuerte del Estado para administrar con eficiencia y transparencia cada sol recaudado. De nada sirve exigir cumplimiento estricto al contribuyente si luego el dinero se malgasta o se pierde en actos de corrupción.

El país no necesita una SUNAT más dura, sino un Estado más responsable. Sólo así la recaudación dejará de ser vista como una carga y empezará a percibirse como una inversión en bienestar colectivo.